29 de enero de 2020

Ley antiocupa, novedades y ventajas para los propietarios

La última ley anti ocupación ilegal de viviendas persigue el desalojo de los ocupas y una rápida recuperación del inmueble ocupado. Esta recuperación exprés debe darse tanto si se ostenta la propiedad de la vivienda como su usufructo. El desalojo debe darse en un plazo inferior a los 20 días. Con la ley anterior este plazo podía ser de hasta dos años.

La ley que regula la ocupación ilegal de viviendas es la Ley 5/2018, de 11 de Junio y supone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Proceso de desalojo en la ocupación ilegal de viviendas

Con esta ley, el proceso de desalojo empieza cuando el titular del inmueble ocupado cursa una denuncia e informa al juez de la ocupación. Para ello es necesario que el titular justifique la posesión de la vivienda mediante la presentación del título que lo acredite como pueden ser las escrituras de propiedad o el contrato de alquiler. Por ello es más que recomendable no dejar estos títulos dentro de la vivienda o tener una copia fuera de la misma.

Tras la denuncia el juez debe cerciorarse que el ocupa no es una persona con vulnerabilidad social. Si fuere este el caso, el propio pedirá a la Administración competente un alojamiento alternativo en un plazo de siete días. 


Si el supuesto ocupa no aporta documentación que justifique su permanencia en la vivienda, los tribunales cursarán un auto que ordene la "inmediata entrega de la posesión de la vivienda". La ejecución deberá ser inmediata quedando anulado el plazo de 20 días que en la Ley de Enjuiciamiento Civil era de obligado cumplimiento. 


La sentencia será dictada de inmediato y la ley explicita: "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda".

Los ocupas sólo podrán presentar una oposición al proceso en un plazo máximo de cinco días en el caso que ostenten título que justifique su permanencia en la vivienda o en el caso que el demandante esté en falta de título.


Dos tipos de ocupación ilegal de viviendas

1.    Ocupación de la vivienda habitual

2.    Ocupación de inmuebles vacíos o segundas residencias

La afectación en los dos casos es muy distinta ya que en el primer caso se protege la vivienda de las personas y en el segundo la propiedad inmobiliaria.  Consecuentemente también lo es la tipificación del delito.

En el caso de darse una ocupación ilegal de vivienda habitual estamos ante un caso de allanamiento de morada. Este delito está tipificado en el Código Penal. Permite a la autoridad pertinente desalojar el inmueble de forma inmediata. Es fundamental que la denuncia se curse inmediatamente tras el allanamiento, que no ocupación. Esto habilita a la policía para que proceda al desalojo ya que se está cometiendo un delito fragante de allanamiento de morada en ese preciso instante.  Las primeras 48 horas son clave.

También es importante seguir las recomendaciones de seguridad en el hogar cuando prevemos estar tiempo fuera ya sea por vacaciones, trabajo u otras situaciones que nos impidan habitar nuestra casa durante un largo periodo. Aquí encontraréis un artículo con las recomendaciones facilitadas por los cuerpos de seguridad.


La ocupación ilegal de inmuebles vacíos o segundas residencias no es un delito penal por lo que se trata desde la vía civil. En este caso el procedimiento de denuncia y aportación documental es igual al anterior pero la diferencia estriba en que hay que instar un “desahucio por precario”

En estos casos la propiedad suele tardar mucho más en detectar la ocupación ilegal del inmueble y el desalojo puede complicarse mucho llegando a plazos de hasta un año.


También se da que, como la detección del delito suele ser tardía, los ocupas suelen tener más tiempo para instalarse y una metodología muy estudiada para entorpecer y prolongar su desalojo. Las acciones más habituales suelen ser: cambio de cerraduras, empadronarse, pagar recibos de suministros, llenar la nevera y armarios, poner fotos propias, entre otras.

Por ello es fundamental la vigilancia y la acción comunitaria. Los vecinos suelen ser los detectores, antes que los propietarios,  de la ocupación ilegal del inmueble con lo que su labor informativa suele ser vital. 


La comunidad de propietarios, como parte afectada, puede denunciar las actividades ilícitas y  ejercer la acción de cesación y expulsión por la realización de actividades molestas, insalubres, prohibidas en los estatutos, nocivas o peligrosas recogida en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. El presidente o representante apoderado de la comunidad debe presentar una demanda civil denunciando el caso.

Antes de presentar la demanda, se deberá pedir a los ocupas que cesen dichas actividades. Si no hacen caso a la petición se celebrará una junta de vecinos donde se apruebe presentar la demanda ante los tribunales, donde se pedirá denunciará dichas actividades y se pedirá la inmediata cesación de la y la expulsión de los ocupas.


Inmuebles objetivo de los ocupas

La ocupación ilegal de la vivienda habitual se da muy poco ya que, como hemos mencionado anteriormente, es un delito tipificado en el Código Penal y el desalojo suele ser muy rápido.

La alarma social en este sentido ha ido en aumento pero la realidad es que este tipo de ocupaciones suele darse en pocas ocasiones.


Los inmuebles objetivo fundamental en las ocupaciones ilegales suelen ser las viviendas vacías, segundas residencias,  promociones inmobiliarias a punto de entregar y los pisos anunciados para su venta o alquiler. 


Y como principal objetivo están las viviendas adjudicadas a las entidades financieras ya que se suele tardar mucho en detectar que el inmueble ha sido ocupado.


Resumiendo:
  1. hay dos tipos de ocupación; la de la vivienda habitual que representa un delito de allanamiento tipificado por el código penal y la de inmuebles vacíos que es un delito de ocupación y se tramita por la vía civil
  2. los inmuebles objetivo de los ocupas suelen ser viviendas vacías, especialmente  las adjudicadas a entidades bancarias
  3. la detección temprana de la ocupación y la denuncia por parte de la propiedad en las primeras 24-48 horas es fundamental para agilizar el proceso de desalojo

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